Denuncia penal a FinTechs por estafa y usura crediticia

Los mayores perjudicados son jubilados y beneficiarios de AUH. Realizan débitos indebidos, deducen gastos que no corresponden y cobran tasas abusiva. Cómo pagar menos Intereses en los Préstamos

Buenos Aires, 3 de mayo de 2020 - Empresas no bancarias que prestan servicio de crédito -FinTechs-  fueron denunciadas penalmente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por estafa, usura crediticia y violación de datos personales en bases de datos públicas o privadas. Los mayores damnificados son jubilados y beneficiarios de AUH (Asignación Universal por Hijo).

Además, fueron sumariadas por conductas abusivas o fraudulentas por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores por el incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor. 

Las compañías denunciadas son Smart Cash S.A., Punto Click S.A., Patagonia Cred S. A., Efectivo Urgente,  Wenance S.A., Wenance Credit Argentina S.A., Wenance Inversiones AAGI S.A.

A jubilados y beneficiarios de la AUH  se les adjudica contrataciones que nunca solicitaron. También, debido a la exposición de datos webs de venta online, muchos consumidores denunciaron ser adjudicatarios de créditos que no requirieron.  

Estas empresas, además, realizan débitos indebidos en cajas de ahorros y cuentas corrientes, deducen “sellado", “carpetas" o “gastos administrativos"  que no corresponden y aplican tasas abusivas que en muchos casos  superan el 1500% + IVA de CFT.  Incurren en incumpliento o en cambios unilaterales de los contratos, modifican las  condiciones de pago y en su mayoría se basan en la falta de información a los consumidores relativa a los créditos, montos, intereses y el cálculo del valor de las cuotas. 

Se presentan con el aval de organismos públicos, como la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y el BCRA,  lo que es falso en casi la totalidad de los casos. 

PRECIOS MAXIMOS DE REFERENCIA. Te Dejamos el Link Donde Consultar el Listado

Desde el 20 de marzo y por un mes, los precios de alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza mantendrán, como máximo, el precio que tenían al 6 de marzo pasado. Esto aplica para hipermercados, supermercados minoristas y mayoristas, minimercados, almacenes y autoservicios. Esta es una de las medidas tomadas para garantizar el abastecimiento y controlar el abuso de precios durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Línea para consultas y denuncias 0800-666-1518, de Lunes a viernes de 9 a 18Hs.. https://www.argentina.gob.ar/preciosmaximos

Prohiben Corte de Servicios en Caso de Mora o Falta de Pago.

Las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas, agua, telefonía fija o móvil,  Internet y TV por cable o satelital, no podrán cortar el servicio a los usuarios en situación de  vulnerabilidad en caso de mora o falta de pago de hasta TRES (3) facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227120/20200325

Agentes de Viaje y Hoteles Argentinos Deberán Devolver el Monto de las Reservas  Efectuadas Entre el 18 y el 31 de Marzo del 2020

Por resolución del Ministerio de Turismo Y Deporte de la Nación los Agentes de Viaje y los establecimientos hoteleros de la REPÚBLICA ARGENTINA deberán devolver a los turistas usuarios toda suma de dinero que hubieren percibido en concepto de reserva por alojamientos a ser usufructuados durante el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigencia de la presente medida (18/03/2020) y el 31 de marzo del año en curso. RESOLUCIÓN Nº 131/2020 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226943/20200318

Postergan hasta enero el aumento en la tarifas de gas domiciliario

El Gobierno nacional resolvió postergar hasta enero del año próximo el aumento en las tarifas de gas domiciliario que debía regir desde octubre, como parte del paquete de medidas de alivio para compensar el impacto de la devaluación del peso después de las PASO. “El aumento de octubre no lo vamos a hacer y en diciembre tendrá lugar la audiencia pública para aplicarlo recién en enero”, confirmó el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, en declaraciones que publica hoy el diario “Río Negro”. En marzo pasado se realizó una audiencia pública que determinó para el gas domiciliario una primera actualización anual del 29%. Sin embargo, para evitar que esa suba se descargara plenamente sobre los consumidores durante la temporada invernal, se acordó escalonar ese incremento. De modo simultáneo se aplicó una “tarifa plana” para los usuarios domiciliarios durante los meses de mayor consumo, que van de junio a septiembre. El diferencial de esa tarifa, cercano al 20% del total de las boletas, está previsto que sea pagado por los usuarios a partir de diciembre, cuando las facturas reflejan el menor consumo habitual. De ese modo la tarifa se incrementó un 10% en abril; otro 9,5% en mayo; y 7,5% en junio, pero esas subas coincidieron con la aplicación de la tarifa plana para los hogares. El alza así absorbida por el Estado, según estaba previsto, iba a trasladarse en octubre a los consumos familiares de gas. La audiencia pública también programada para octubre, y que se postergó hasta diciembre, definirá la proporción del segundo aumento de la tarifa en el año. El secretario Lopetegui recordó que “hay dos componentes para la tarifa: la cotización del dólar y el precio del gas; hay una diferencia en el dólar, pero algo se va a compensar con el precio del gas”. El funcionario explicó que “el precio del gas en teoría debería bajar, ya que está a US$ 4,55 por millón de BTU (unidad térmica británica), mientras el precio del dólar estaba fijado a $ 41, y ahí sí hay diferencia”. Lopetegui evitó formular consideraciones con respecto a la reacción de las compañías petroleras, hoy enfrentadas con el Gobierno por el congelamiento por tres meses del precio de los combustibles y del barril de crudo. Desde la Nación se había reconocido que la aplicación de la tarifa plana tendría un costo de $ 2.500 millones a abonarse a las distribuidoras, mientras el escalonamiento demandaría el pago del Estado de otros $ 2.000 millones. fuente: elciudadanoweb.com